Desde abril de 2018, el régimen Ortega-Murillo ha impuesto un Estado totalitario que controla a los trabajadores públicos. No es posible alzar la voz, reclamar por sus derechos o criticar, no es posible. Muchos han optado por soportar en silencio las arbitrariedades del régimen, pero algunos han optado por renunciar o abandonar sus puestos de trabajo para irse de Nicaragua, emprender algún negocio o quizás buscar otro trabajo. Más ediciones sobre el tema en el archivo de confidencial.digital.
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