El oficial Julio César Espinoza, el doctor Sergio López, y la doctora Marianela Soto son tres servidores públicos despedidos arbitrariamente por alzar su voz en rechazo al adoctrinamiento del gobernante Frente Sandinista dentro de las instituciones del Estado, en el contexto de las protestas antigubernamentales iniciadas en 2018 y la crisis sanitaria de la covid-19. Y no son los únicos. Entre 2018 y 2019, la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua (CPDH) atendió más de 200 denuncias y casos judicializados de empleados públicos despedidos ilegalmente por razones políticas. Más ediciones sobre el tema en el archivo digital de confidencial.com.ni.
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