El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo echó andar en los últimos ocho días su maquinaria de leyes represivas, aprobadas entre octubre de 2020 y febrero de 2021, para sacudir el tablero electoral de cara a los comicios generales de noviembre próximo. A la par, la Fiscalía General de la República amenazó a la prensa independiente con aplicar una legislación, del mismo paquete, para criminalizar su trabajo.
Tres precandidatos presidenciales — Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro— y tres dirigentes de la oposición —Violeta Granera, José Pallais y José Adán Aguerri— han sido han sido encarcelados bajo la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, mejor conocida como “Ley de Soberanía” o “Ley Guillotina”. Más ediciones sobre el tema en el archivo digital de confidencial.com.ni.